El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, solicitó al nuevo liderato congresional que durante estos próximos dos años aborde y apruebe medidas que inciden directamente en el bienestar de los 3.2 millones de ciudadanos americanos que viven en la Isla, incluyendo la transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) y las tarifas del Programa Medicare Advantage.  

Así lo dejó saber el primer ejecutivo en una carta dirigida al líder de la mayoría en el Senado, Charles Schumer y al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, así como a los líderes de la minoría en ambos Cuerpos, el senador Mitch McConnell y el congresista Hakeem Jeffries. También les solicitó que destinen mayores recursos de seguridad para combatir el narcotráfico, realicen ajustes a las contribuciones federales del Crédito Contributivo por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés) y reautoricen los reembolsos totales del impuesto al ron de forma retroactiva. Asimismo, reclamó que, mediante legislación, den paso a dispensas a la Ley Jones para la transportación de combustible en momentos de emergencia, que le den acceso a los ciudadanos en Puerto Rico al programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) y que retomen el proyecto de estatus.  

“Ante el comienzo del Congreso 118, espero trabajar con ustedes en áreas claves que serán puntuales para fortalecer la economía de Puerto Rico en beneficio de los 3.2 millones de  ciudadanos americanos que residen en nuestra Isla. Por eso, para que sigamos avanzando, les solicito su colaboración y apoyo en estas iniciativas congresionales que son fundamentales para que Puerto Rico continúe por el camino del progreso y de la recuperación económica”, dijo el gobernador quien fue comisionado residente por ocho años.  

Trato igual con SNAP 

Pierluisi explicó que las familias puertorriqueñas de bajos ingresos perdieron el acceso al SNAP desde hace más de 40 años y que desde entonces, mediante el PAN, la Isla recibe subvenciones en bloque que no cubren las necesidades nutricionales de quienes pertenecen al Programa. Por esto, son más vulnerables en momentos de emergencia.  

Además, debido a los cambios implementados en el Plan Económico de Alimentos (Thrifty Food Plan), la disparidad entre los beneficios máximos que reciben las familias puertorriqueñas frente a las de 48 estados oscila entre el 21 y 24 por ciento. Esta estadística es mucho mayor cuando se compara a Puerto Rico con las Islas Vírgenes y Guam. 

“Aunque el Congreso ha tomado medidas loables con fondos temporales para programas nutricionales en la Isla, aún queda trabajo por hacer para que las familias puertorriqueñas y necesitadas puedan tener un trato igualitario. Por lo tanto, para lograr esa igualdad en asistencia nutricional, Puerto Rico debe ser incluido nuevamente en el SNAP”, comentó Pierluisi. 

De hecho, a principios de este mes el secretario del Departamento de Agricultura federal, Tom Vilsack, en su visita a la Isla y tras una reunión con el gobernador Pierluisi, reiteró su apoyo a que Puerto Rico sea incluido en SNAP cuando se reautorice la Ley de Seguridad Agrícola y de Inversión Rural, o Farm Bill.   

Medicare  

En temas de salud, el gobernador expresó que la reciente aprobación de más de $19,400 millones para aumentar, a niveles históricos, los fondos federales del Medicaid en Puerto Rico incidirán en mejores programas de salud pública al tener una fuente de fondos estable y a largo plazo. Sin embargo, les urgió a que reconsideren la forma en que se fijan las tarifas de Medicare Advantage utilizadas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) al igual que el trato que recibe la Isla en torno a los Programas de Ahorro de Medicare (MSP, por sus siglas en inglés). 

“Las fórmulas de Medicare Advantage colocan a Puerto Rico en un 42 por ciento por debajo del promedio nacional, un 37 por ciento por debajo de la tasa estatal más baja de Hawái y un 23 por ciento por debajo de las Islas Vírgenes Americanas. Además, mientras que en el resto de la Nación los planes Medicare Advantage han visto un aumento en sus montos de reembolso, en Puerto Rico se recibe $1,100 millones menos en reembolsos que en el 2011”, explicó el primer ejecutivo.   

El gobernador añadió que “debido a que el MSP es opcional en los territorios, los topes federales al Medicaid hacen que en Puerto Rico sea generalmente inasequible afectando gravemente los servicios que se le brindan a los beneficiarios más vulnerables de Medicare”. Pierluisi planteó que mediante legislación se puede establecer un tope geográfico del mínimo nacional del Medicare Advantage el cual puede ser de .07 por ciento y que el MSP sea un requisito en Puerto Rico.  

Combatir narcotráfico 

El gobernador urgió a que se destinen más recursos de seguridad tanto en Puerto Rico como en las Islas Vírgenes Americanas convirtiendo en ley la Estrategia de Antinarcóticos de la Frontera del Caribe. Sostuvo que por la ubicación geográfica de la Isla, nuestras costas son utilizadas como punto de transbordo de droga ilegal hacia Estados Unidos. 

Este es otro esfuerzo más del gobernador para atajar la criminalidad en la Isla provocada por el trasiego de drogas porque cuando fue secretario del Departamento de Justicia logró que Puerto Rico y las Islas Vírgenes Norteamericanas formaran parte del Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad (HIDTA, por sus siglas en inglés) de la DEA. A esto se suma que mientras Pierluisi fue comisionado residente apoyó y defendió los esfuerzos de la Administración Obama-Biden en contra del narcotráfico en la Isla incluyendo la Caribbean Border Initiative para aumentar la presencia de las fuerzas de ley y orden federal y de esta forma evitar la entrada de drogas ilegales a Puerto Rico y los estados de la Nación.   

Contribución federal al Crédito por Trabajo local 

Tras reconocer el impacto positivo que el EITC ha provocado en las familias puertorriqueñas incorporándolas a la fuerza laboral, Pierluisi señaló que el Congreso debe reconsiderar las contribuciones federales a este Programa que se promulgó mediante el Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés). Debido a que se asumió que el costo total del Programa serían $800 millones se fijó la contribución federal en un 75 por ciento ($600 millones) más, sin embargo, el costo real es de $1,050 millones para lo cual la contribución federal sería de $787 millones lo que representa $187 millones más que lo contabilizado. “Por lo tanto, ajustar la contribución federal cumpliría el objetivo de este Programa que es sacar a las familias de la pobreza y ayudar a la economía de Puerto Rico”, acotó. 

Reembolso de impuesto al ron retroactivo 

Reconociendo que los fondos provenientes del impuesto al ron producido en Puerto Rico y vendido en Estados Unidos son importantes para la economía de la Isla, Pierluisi instó al Congreso a que durante el 2023 reautorice, de manera retroactiva al 1 de enero de 2022, los montos temporales y que por lo tanto Puerto Rico reciba $13.50 por galón de alcohol.  

Dispensas en la Ley Jones 

Otra petición del gobernador a los miembros del Congreso es que se enmiende la Ley Jones para que, en momentos de emergencia decretados por el presidente de Estados Unidos, se exima la entrada de combustible y sus derivados a la Isla. La exención, que continuaría requiriendo la aprobación del Departamento de Seguridad Nacional, aplicaría a barcos provenientes del extranjero que sean subcontratados por empresas con sede en la Nación, así como a barcos contratados por distribuidores de combustible, y estaría sujeta a determinaciones federales. De aprobarse, la exención duraría el tiempo de la emergencia.  

“Las exenciones permitidas bajo mi propuesta estarían dirigidas a abordar directamente el desafío específico que enfrentamos en Puerto Rico después de cada desastre natural, pues por ser una isla en el Caribe, dependemos de la importación de combustibles”. 

Seguridad de Ingreso Suplementario 

Tal y como ha hecho en ocasiones anteriores, el gobernador insistió en que el Congreso pase legislación para que los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico tengan los beneficios que otorga el SSI. Los beneficiarios de SSI que viven en los estados y el Distrito de Columbia reciben beneficios promedio de $574 por mes, mientras que los beneficios alternativos disponibles en Puerto Rico promedian $82 por mes. 

Estatus  

De igual forma, Pierluisi reclamó al nuevo Congreso a priorizar la atención al problema del estatus de Puerto Rico y darle paso a lo propuesto en el Proyecto Cameral 8393 que proponía una elección especial con opciones no coloniales y no territoriales. La medida fue aprobada el año pasado en la Cámara de Representantes federal.  

“Puerto Rico ha sufrido 125 años de desigualdad, años que han afectado directamente a nuestra sociedad. Por lo tanto, es importante reconocer que, aunque hayamos reestructurado nuestras finanzas públicas y completemos el proceso de reconstrucción, Puerto Rico seguirá teniendo obstáculos en el camino hasta que de una vez y por todas se resuelva el dilema de nuestro estatus. Muchos puertorriqueños han defendido los valores democráticos de nuestra Nación, y que carezcan de representación y del derecho al voto, y sufran de inacción congresional es inaceptable. El Congreso debe tomar acción sobre el futuro político de Puerto Rico, respetando la decisión de la mayoría. De eso se trata la democracia”, concluyó el gobernador.